Ponencia a ser leída en plenaria de
instalación en la perspectiva de un Manifiesto
final
1. Marco
universal diagnóstico
El creciente desarrollo de la
inteligencia en el mundo debería generar
cada día mejores condiciones de vida y de dignidad para la humanidad, con sus
secuencias de paz, desarrollo socioeconómico y justicia social, pero sus efectos son todo lo contrario por la
cada vez mayor concentración de la riqueza, del ingreso y del control de la
ciencia y de la técnica en pocas manos.
Las estadísticas más
confiables nos dicen que hoy en el mundo, el
15% de personas se queda con el 80% de los ingresos.
“Según la CEPAL, el 10% más rico de América Latina y
el Caribe posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5,4% de su renta.”
Por su parte, “Los profesores Carlos Quimbay, y
Jairo Orlando Villabona, de la Universidad
Nacional, muestran, que, en Colombia, el 10 % de las personas jurídicas más ricas
poseía el 91 % de la riqueza, cifra que aumentó al 92,2 % en 2013.” y sigue aumentando año por año”.
Podríamos decir que hoy
mientras el 30% de la población supervive holgadamente ya porque aún conserva buenos ingresos o buena
pensión, es beneficiaria directa del
gran capital o porque operan los
mercados de las multinacionales, el
restante 70% incluidos crecientes
sectores de la clase media, ven cada día que
se agotan sus posibilidades de
ingresos y de supervivencia sin que se vislumbren posibilidades de solución o
de retorno. De hecho hoy en Colombia las centrales sindicales afirman que más
del 68% del trabajo registrado como
empleo por el DANE, en realidad es actividad informal, es decir que mientras
las economías llamadas formales y del gran capital configuran una
superestructura de dominación que hacen
del Estado su aparato de control sobre
la población, las mayorías lejos de sus beneficios, van configurando una economía llamada
informal o del rebusque que se alimenta a sí misma y que es perseguida por este,
ignorada, ocultada o satanizada por sus medios de comunicación, dedicados a
reproducir el statu quo, estimular la resignación, del despecho, los
super-héroes, ignorando el fomento de valores asociativos, colectivos, éticos y
solidarios, de convivencia, paz y desarrollo.
Este mundo de la incertidumbre
sin valores generado por la sociedad utilitarista o de
consumo es el mejor sustrato para que prosperen el oscurantismo, la ganancia
fácil, las sectas satánicas, la bandas
delincuenciales en torno a los alucinógenos y tantos monstruos corruptos,
criminales y violadores que hacen de Colombia de los más violentos del mundo. Además
es muy grave que de este mundo se
alimente en alto grado la politiquería que hace del Estado, fácil instrumento
de uso.
La robotización.
Y esta polarización de la
riqueza y del ingreso en pocos, versus grandes masas sin opción alguna no solo
de empleo sino de ingresos, se acentúa aceleradamente en la presente etapa de robotización que
sigue inutilizando mano laboral humana como en el agro y en general en la producción de alimentos; en la
manufactura y en la construcción; en la educación, pues es creciente el acceso
a títulos profesionales por vía virtual;
en la salud con robots que diagnostican,
controlan y formulan; el control del comercio por los hipermercado que desechan
la producción popular; en el transporte con los llamados carros inteligentes;
en las celadurías pues serán más manejables para el capital los sistemas electrónicos y en fin en todas
las áreas de la investigación, la educación, la producción y los servicios el desplazamiento laboral es
acelerado.
Es una realidad histórica que
no podemos ignorar so pena de seguir siendo arrasados e impotentes ante sus
efectos en medio de la degradación creciente de grandes masas de población.
Planteamos este problema en
el marco de este Congreso de Paz de las organizaciones comunales, por cuanto es
en nuestros territorios, en el barrio y la vereda en donde se expresa en sus múltiples
dimensiones de pobreza, desespero y desintegración social.
2. Qué hacer?
Ante todo ser conscientes,
conocer y comprender el problema si es
que queremos construir alternativas.
Es evidente que la solución
no vendrá desde la sociedad de consumo,
por su naturaleza rapaz, y monopolizadora; tampoco de una clase
política mediocre y corrupta que se
alimenta del problema y que hace muchos años perdió su capacidad de convocar a
la población a la construcción de sueños colectivos de futuro.
La solución solamente podrá
venir del lado de la propia sociedad a partir de reforzar su identidad y
autoestima, de su fortaleza organizativa, de la construcción de formas de
economía familiar, social y solidaria que reconstruyan sus mercados locales y
regionales para su producción y, que
en principio garanticen estabilidad y
supervivencia para avanzar hacia cambios estructurales, éticos y democráticos en la conducción de la sociedad
y del Estado, pues si somos la mayoría debemos asumir con dignidad la
construcción de nuestro futuro. Los
medios de comunicación alternativos son un buen instrumento de apoyo pata este
reto.
Es que una paz verdadera y
sostenible solamente se logrará cuando exista plena justicia social y
económica, la que no llegará como concesión de los poderes sino como
construcción y conquista de las mayorías. Es lo que nos dice la realidad
histórica de la humanidad.
El papel de las organizaciones comunales en esta
perspectiva
En esta perspectiva las
organizaciones comunales pueden jugar un gran papel por su presencia en todo el
territorio nacional, por su tradición y experiencia, pero su primer paso es reconstruirse
a sí misma, reorientando su quehacer
cotidiano a constructoras de comunidad; recuperando el encuentro tanto desde el seno
de la familia como de la comunidad para reconstruir los afectos, la solidad,
los valores éticos y la confianza tan
indispensables para la convivencia, como
para que prosperen formas de economía social y solidaria hacia una
supervivencia dignas.
Sí; en momentos
de crisis irreversible de la sociedad de consumo, cuyas consecuencias más
graves las afrontamos las mayorías, la receta histórica universal para la supervivencia humana es volver a su
esencia en el devenir de los tiempos, como son lo común, lo colectivo, lo
participativo, lo ético y lo solidario a partir de la familia y
la comunidad como refugio y valores imprescindible y, a partir de allí, la reconstrucción de nuestras
economías barriales, veredales, locales, municipales, departamentales y por
allí hacia un concepto de economía democrática y justa para todos.
3. Planes de
desarrollo de las comunidades.
A partir del diagnóstico
esbozado, desde la Confederación Nacional Comunal, las federaciones y este
Congreso de Paz consideramos que los planes de desarrollo de las comunidades
son una estrategia adecuada para avanzar en la perspectiva deseada.
Estos planes de desarrollo
fueron concebidos por la propia organización comunal e introducidos en el
Artículo 29 de la Ley 1551/012. Recientemente el Ministerio del Interior ha
adoptado como parte de sus actividades su fomento para lo cual dispone de
cartillas, lo que es positivo, sin embargo
no existe, no puede existir un manual único, pues también en el sector
comunal existen muchas propuestas metodológicas para su construcción, cada organización, tiene
la libertad de construir su propio plan, sin embargo consideramos que estos no
deben ser simples listados de obras, de proyectos ni de acciones puntuales, sino verdaderos referentes o guías de
actuación de la propia organización en su
construcción autónoma e independiente como actor de convivencia, de
construcción de soluciones socioeconómicas con
la comunidad y de proyección como actor de poder y de gobierno. En esta
perspectiva se quedan y se quedarán cortas las metodologías gubernamentales.
En consecuencia consideramos
que estos planes deben partir desde lo fundamental en la reconstrucción del
tejido social como son acciones permanentes para fortalecer la familia, en segundo
lugar la comunidad a partir de la recuperación del encuentro en torno a lo lúdico, cultural, recreativo,
reflexivo y el estudio en comunidad, el
ambiente en que ninguna decisión se puede tomar sin su consentimiento, la
seguridad alimentaria, la transparencia en los eventos electorales y en nuestra
gestión interna, en proyectos productivos, modelo educativo o conceptos
educativos que respondan a los requerimientos de desarrollo local y finalmente
el tema de obras y otros proyectos, entre otros programas.
Pocas organizaciones sociales en Colombia con
la posibilidad y responsabilidad de asumir urgentemente esta tarea con
dignidad, compromiso y entusiasmo como la acción comunal, quien no la asuma,
simplemente se seguirá diluyendo
como instrumento funcional al statu quo.
Es el reto; la palabra con sus actos la tienen todas y todos y cada uno de los dignatarios(as) y
de organizaciones en sus territorios. Cada quien a hacer su propio trabajo,
nadie lo hará por nosotros, el momento no da espera.
4. El candidato
es el plan.
En la medida en que cada
junta de acción comunal construya su propia plan de desarrollo comunitario de
barrio, vereda y/o conjunto residencial, se avanzará con fluidez y entusiasmo
hacia la construcción de los planes de desarrollo de comunas, corregimientos o centros poblados
para llegar al gran “Plan de Desarrollo
Estratégico de las Comunidades de Mediano y Largo Plazo” del municipio, como los define la Ley 1551/012 en su Artículo 29. Este plan debe ser el candidato de las organizaciones comunales,
de otras organizaciones sociales, del sector educativo y profesional del
municipio y por qué no de la ciudadanía
a las elecciones municipales. Se inscribirá ante La Registraduría como
candidato, pero allí en donde no lo acepte, lo inscribiremos ante la personería y/o ante la defensoría del
pueblo, colocaremos urnas propias para que los ciudadanos el día
de las elecciones depositen su voto y
pediremos el acompañamiento de entidades nacionales e internacionales para la veeduría y contabilización de los
votos, con la seguridad que si este plan es quien gana debe regir al municipio en cumplimiento del
concepto de voto o mandato programático de los artículos constitucionales 2, 3,
40, 103, 133 y 259. No dudemos que en ese sentido se producirán los fallos de
las instancias judiciales ante las eventuales demandas ciudadanas. Toda opción de candidaturas comunales o
sociales debe estar ligada a actas de compromiso y de gobernabilidad
democrática con estos planes. A quien lo desee, en medio magnético se le
proporcionan documentos guía en todos estos aspectos. Organizaciones comunales
y sociales en estas dinámicas son las que reclaman y requiere la ciudadanía y
el momento.
Esta es una forma de ir
avanzando hacia formas reales de soberanía y poder ciudadano o de soberanía
popular. Estos planes de desarrollo como candidatos y la iniciativa ciudadana
en las consultas populares por el agua, la vida la biodiversidad y el ambiente,
que tanta emergencia han tenido a partir
de la vigencia de la Ley 1757/015, son avances reales de la soberanía popular.
5. Los
comunales y la paz
“Cada junta de
acción comunal territorio de paz”, es
consigna que hace más de veinte años ha enarbola nuestra organización comunal
en el territorio colombiano, en especial en las zonas de conflicto. La
convivencia y la paz son de la naturaleza de nuestras organizaciones.
Apoyar la solución pacífica y
negociada a los conflictos armados del
Estado con actores insurrectos ha sido conclusión de nuestros congresos nacionales y departamentales siempre. La
acción comunal fue actor fundamental para aclimatar la paz en la década del
cincuenta cuando liberales y conservadores se comenzaron a encontrar sin
agredirse en la asamblea comunal.
De hecho hoy pocos hacen tanto en Colombia por la
convivencia, la paz y el desarrollo como nuestras organizaciones de acción
comunal; son entre cinco y ocho mil
reuniones y asambleas semanales buscando o construyendo soluciones pacíficas y
organizadas a las necesidades y aspiraciones de las comunidades.
Por eso nuestra Confederación,
no obstante la diversidad y pluralismo que nos caracteriza, ha apoyado y apoya los procesos de negociación
del Gobierno con las FARC y con el ELN y
los eventuales procesos de sometimiento a la justicia de otros actores armados
irregulares, como en estos momentos lo propone el Ministro de Justicia.
Sin embargo, de los acuerdos
con las FARC, no vemos avanzar los beneficios para los campesinos pactados ni la
titulación de predios, la reforma
agraria, el apoyo a proyectos
productivos ni la seguridad social para campesinos y trabajadores del campo,
temas que son de gran impacto en los territorios de nuestras organizaciones.
Expresamos nuestra
preocupación por los problemas en el Congreso con la ley de reglamentación de la JEF, igual que el estancamiento de la Ley de
fortalecimiento de organizaciones sociales y garantía de la protesta, en cuya
construcción participamos en eventos regionales coordinados por el Consejo
Nacional de Participación, sin embargo la versión que el Gobierno pretende
radicar en el Congreso por la vía ordinaria, no responde al querer ciudadano expresado en
esta construcción colectiva.
Igualmente nos preocupa el
estancamiento de la reforma política que incluye la posibilidad de crear
movimientos políticos que supervivan por su número de afiliados, lo que es de
gran interés para nuestras organizaciones comunales. Igualmente estancada se
encuentra la Ley de circunscripciones especiales que es de nuestro buen
interés.
Sobre la ejecución de recursos en el marco de la
consolidación de los acuerdos y los convenios solidarios
Ante todo debernos recordad
que las juntas de acción comunal son quienes han garantizado mayor eficiencia y
transparencia en la ejecución de recursos públicos en Colombia cuando se nos ha
dado la oportunidad, esta afirmación se puede verificar con la USAID, con la
Gobernación de Cundinamarca entre otras entidades.
El Gobierno Nacional y sus
agencias especiales de actuación en los territorios, saben muy bien, que las
organizaciones comunales son la principal organización para la ejecución de sus
políticas y programas en los territorios, y en efecto es a quienes más abordan, pero de
manera, puntual y funcional, pues no obstante la insistencia de nuestros
organismos superiores, ni el Gobierno Nacional ni sus agencias han tenido el
cuidado ni la gallardía de construir
estrategias conjuntas con la Confederación Nacional Comunal ni sus federaciones
y asociaciones. Por ejemplo, informalmente sabemos que la ART-Agencia de Renovación del
Territorio de la Presidencia de la República, está considerando que la mejor
figura para ejecutar los recursos de posconflicto son los convenios solidarios,
concepto establecido por los comunales en la Ley 1551/017 ( Numeral 16 y
Parágrafos 3 y 4 Art. 6). Entendemos que están trasladando recursos a los
alcaldes para que ellos los ejecuten por esta figura, sin embargo le hemos dicho a la ART, que para que las juntas
concurran con posibilidades de éxito a estas convocatorias necesitan un
alistamiento y acompañamiento que nadie mejor que nuestras asociaciones y
federaciones con el apoyo de la Confederación lo podemos hacer y que
necesitamos su apoyo para ello, pero el Gobierno no han entendido o querido
entender la bondad de nuestra propuesta y tememos que de no alistar, apoyar y
acompañar debidamente a las juntas en los territorios para que concurran
debidamente a estos procesos, fácilmente los alcaldes, con el pretexto de que
no llenan los requisitos darán por surtido el trámite con ellas y darán vía
libre a su ejecución con otras entidades conduciendo el proceso a una frustración
no solamente de la ejecución de recursos sino del llamado proceso de
consolidación de los acuerdos.
De otra parte si
definitivamente los convenios solidarios son la figura establecida por el
Gobierno para que los municipios ejecuten los recursos del posconflicto, lo
debe establecer a partir de una norma vinculante, como un Decreto, precisando que de conformidad con el Artículo
6, numeral 16 y Parágrafos 3 y 4 de la Ley 1551/012, esos convenios solamente se pueden suscribir
con organizaciones de la comunidad beneficiaria, estableciendo en la norma que
deben tener antigüedad superior a dos años, pues conociendo las habilidades de
la corrupción, rápidamente se inventarán organizaciones de papel de las
comunidades o simplemente evadirán el
requisito. Igualmente se debe prohibir la renovación de dignatarios por fuera
de los legalmente establecidos y durante el proceso de adjudicación, pues la
politiquería tratará de imponer a sus incondicionales. No se pueden presumir
campañas nacionales contra la corrupción, pero en la práctica servirles el
ponqué a sus responsables.
Sobre la contratación social y solidaria.
Cuando el Gobierno eleva los
requisitos para que las ONGs sin ánimo de lucro accedan a contratos y dentro de
ellas incluye a las organizaciones comunales como en el caso del Decreto 092 del 23 de Febrero del
año 2017, en realidad está excluyendo a las organizaciones ciudadanas como
las nuestras, cuya naturaleza es la
reivindicación de derechos económicos sociales y colectivos y privilegiando a
los expertos de la contratación, en gran parte de la corrupción, muy hábiles
para cumplir o saltarse todos los requisitos legales. En realidad se requiere
un régimen preferente para organizaciones como las nuestras. Igualmente se
requiere de un régimen especial para la propiedad y la empresa comunal, que
ampare, por ejemplo a los acueductos comunitarios en la boca de los lobos
privados de la especulación con los
servicios públicos.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
Para nosotros, la mejor
metodología para construir estos programas es la ya planteada sobre planes de
desarrollo comunitarios que establecimos en la Ley 1551/012 y que hacen parte
de nuestra agenda comunal en todo el territorio nacional, con la ventaja del
soporte legal. Reiteramos al Gobierno Nacional que será imposible construir
estos programas centrados en la reconstrucción del tejido social y con perspectivas de sostenibilidad e inducción de estos territorios hacia el desarrollo humano y
socioeconómico sin la real participación de nuestras organizaciones, pero debe
ser a partir de una estrategia global concertada con la Confederación, las
federaciones y asociantes pertinentes.
Desde el Gobierno Nacional
o territoriales pueden existir muchas
propuestas de estructuración de estos planes, pero solamente serán auténticos y
sostenibles si se conciben, planifican, construyen y ejecutan con las organizaciones
de las comunidades.
No queremos más actores
externos a las comunidades disputándose los recursos públicos y de cooperación internacional como aves de rapiña
que solamente usan a los organismos comunales para sus propósitos
particulares, sin que al final
garanticen procesos pedagógicos sostenibles de reconstrucción de tejido social,
de familia, de comunidad, de formas de economía social, solidaria y de
reconstrucción de mercados, lo que solamente serán posible a partir de sus
organizaciones.
Todo con nuestras comunidades
y organizaciones, nada sin ellas.
Nos sigue preocupando que la
perspectiva del Gobierno siga siendo medir su eficiencia por la capacidad de
ejecución, generalmente en acciones puntuales
y no por el impacto de mediano y largo plazo en que lo social y humano,
ambiental alimentario, participativo y ético entre otros principios debe ser lo
fundamental.
6. Corrupción
Si bien el principal problema
en Colombia hoy es la desintegración de la sociedad y de la familia, ya
abordado en este documento, el segundo
es el de la corrupción como una cultura derivada del clientelismo político y
alimentada a partir de la década de los ochenta por el narcotráfico, con
respeto de otros diagnósticos.
Entre las principales
víctimas del clientelismo y de la corrupción en Colombia están nuestras organizaciones y dirigentes
comunales que tienen como opción
principal y casi única la intermediación política para acceder a beneficios del
Estado para las comunidades. Nuestros dignatarios comunales que durante
cuarenta y seis meses trabajan cotidianamente por sus comunidades, son
sometidos durante los dos meses anteriores a las elecciones por los gobernantes locales y políticos a
apoyar sus candidatos so pena de ser discriminados, satanizados y
perseguidos. Es la realidad universal de
nuestra dirigencia.
Debe ser entendido por el
País y por la historia que los comunales son quienes más reivindican la
participación, los prepuestos participativos, la planeación participativa, pero
desafortunadamente no son las reglas que caracterizan la dirección del Estado.
La corrupción política nace
en las mal llamadas campañas electorales que en verdad son festivales de
compra-venta de votos siendo realidad en
Colombia que quienes acceden a los cargos de elección popular no son los
mejores, ni más honrados y honestos, sino los más astutos, rapaces y corruptos
como mediocres y arbitrarios que hacen de los poderes locales patrimonio de
enriquecimiento ilícito criminalizando a quienes se opongan o reclamen derecho
que en gran parte ejercen nuestras
organizaciones y dignatarios comunales.
Pareciera que la opinión
pública ya no se sorprende de que la corrupción a gran escala ocupe cada día
los titulares de los medios de comunicación masiva, pero es que el clientelismo y la corrupción son
la forma de gobierno que se ha impuesto en Colombia hace muchos años con su
consentimiento; hemos reiterado que la solución solamente puede estar a partir
de la propia sociedad con rutas como las que estamos planteando. De hecho el
Congreso de la República, las corporaciones públicas, el ejecutivo ni las cortes jamás se reformarán
a sí mismos pues el clientelismo y la ilegitimidad son su origen.
Igualmente grave es la
debilidad de la institucionalidad con funcionarios de carrera que como
camaleones cambian de color según sea su jefe transitorio, pues su principal propósito es su bienestar,
su sueldo y su pensión, siendo nula la fortaleza institucional en torno a la ética,
la transparencia, lo público, lo colectivo, lo solidario lo que es muy grave
para una verdadera democracia.
La lucha contra la corrupción
debe ser radical desde los eventos electorales, pero ya sabemos que el Congreso
de la República difícilmente va a legislar por la prohibición de recursos
privados en las campañas electorales o por la igualdad de acceso de todos los
candidatos a los medios de comunicación y escenarios públicos, entre otras
medidas a adoptar, por eso desde este Congreso reafirmamos las estrategias de
soberanía popular directa como las consultas populares o el candidato es el
plan en la perspectiva de crecientes avances hacia la ética, la transparencia,
la democracia y conceptos de desarrollo socioeconómicos para todos.
Desde este Congreso de Paz,
reafirmamos la campaña comunal contra la corrupción en toda la línea, en
especial en el escenario en que actuamos para que ningún comunal apoye a
candidato alguno si no es a partir de
actas de compromiso ante notario con los planes de desarrollo de la respectiva
comunidad y con compromisos de buen
gobierno, igualmente para que se aplique la norma legal de desafiliación a
quienes usen indebidamente (Art. 26, Ley 743) o sin el permiso de la
organización los bienes y símbolos de la
organización para campañas políticas diferentes a las propias de los comunales.
Un compromiso comunal contra la corrupción en
nuestros territorios en este manifiesto son “ Planes de Desarrollo Comunitarios” y “el candidato es el plan”
y si se ha de apoyar candidatos,
que solamente sea sobre la base de pactos por la transparencia, la
gobernabilidad democrática y compromisos ante notaría con el plan de desarrollo
de las comunidades. Guerra abierta a la compra venta de votos, al soborno y
chantajes electorales y a la utilización de las comunidades como “conejillos de
indias” para campañas políticas. Ninguna
decisión política sin amplia deliberación y aprobación en la asamblea de la
comunidad( Art. 107 C.N. y literal J) Art. 20 Ley 743).
7. Derechos
humanos, persecución y asesinato contra dirigentes comunales.
No obstante las negociaciones
del Gobierno Nacional con actores armados insurrectos, en Colombia siguen sin tregua
las amenazas, persecuciones y asesinatos
contra dirigentes sociales.
Del total de defensores de
derechos y de dirigentes sociales asesinados en Colombia según diferentes
fuentes como Justice For Colombia o la Defensoría del Pueblo, la mayoría siguen
siendo comunales. En promedio son tres por mes o entre cuarenta y cinco y cincuenta al año. Es
un drama silencioso que ha afectado a los dignatarios comunales hace más de
veinte años pero que hasta la presente etapa se está visibilizando y a
regañadientes reconociendo por el Estado y la comunidad internacional.
Desde este Congreso
consideramos muy grave que parte de los asesinatos de dirigentes sociales y
comunales sea por su militancia política, sin embargo consideramos que es
igualmente grave que al parecer la causa del asesinato de la mayoría de
comunales sea por ejercer derechos, por hacer veeduría, por ejercer sus
funciones, por proteger su territorio, por la defensa del ambiente o por
denunciar casos de narcotráfico entre otros.
Como ya hemos dicho, la
corrupción territorial pude estar muy relacionada con el problema, cuando
poderes hegemónicos se ven requeridos por nuestra dirigencia o cuando no se
someten a sus arbitrariedades políticas y administrativas.
Como lo hemos planteado los
comunales en diferentes escenarios, el primer paso que se debe dar desde el
Estado para resolver este problema es el de la impunidad que sigue siendo
superior al 90%, lo que nos induce a concluir que en Colombia no existe un
Estado garante del ejercicio de los derechos por parte de los dirigentes
sociales y comunales.
Tampoco existe una política
pública de apoyo a las familias de las víctimas, ni protección institucional y
de medios de comunicación a la dirigencia comunal y social del País, lo mismo
que programas desde el nivel nacional para fortalecer a las organizaciones en
el territorio para el conocimiento y ejercicio colectivo de derechos, pues, al
parecer, la reivindicación individuales de derechos colectivos facilita las
persecuciones y ataques contra nuestra dirigencia.
Teniendo en cuenta como un
paso importante el reconocimiento de los organismos comunales como
sujetos de reparación en medio del conflicto armado, se debe dar mayor
celeridad y claridad a este proceso que pareciera estar estancado.
8. Estado de derecho
y ejercicio de derechos
No obstante que los
gobernantes desde el poder se sostienen en el poder en nombre del estado de
derecho y su institucionalidad, este pareciera ser un simple disfraz para
ocultar sus agendas ocultas contra lo público, ético y colectivo, verdad tan
palmaria que la vemos desde las más altas cortes con un ex fiscal con los más
radicales discursos contra la corrupción pero en la práctica profundamente
corrupto o de los ex magistrados, que son apenas como la punta del eisberg que
refleja unas puertas adentro muy oscuras en la justicia y en todo el Estado;
pero es además el caso de gobernantes
que siguen decidiendo en favor de sus particulares intereses entregando el mercado y el patrimonio público
y ambiental a los grandes capitales nacionales e internacionales o de reformas tributarias que graven cada día
más al pueblo con el incremento del IVA a la vez que exonera del pago de
impuestos a las multinacionales en nombre de estimular la inversión, aunque
esto sea legal, no es ético ni justo.
Igualmente grave es la
utilización de todo el poder físico del Estado para estigmatizar y perseguir la
justa reclamación ciudadana como
recientemente ha sucedido con los paros campesinos o del Chocó, de Buenaventura o más
recientemente del Sur de Bogotá, hechos que van configurando una verdadera
dictadura civil amparada en una mal
llamada Ley de Seguridad Ciudadana y un Código de Policía que prohíben la libre
y democrática expresión ciudadana en las calles con el pretexto de que se está
violando los derechos de otros. En estos casos se debe definir que prevalece,
si los derechos individuales cuando se
ejercen individualmente o los derechos individuales cuando se ejercen
colectivamente. Es muy grave que a todo
momento los funcionarios amparados en estas normas arrinconen, amordacen e
impidan la manifestación ciudadana y que
estén induciendo a la fuerza pública
concebida históricamente para garantizar
el pleno ejercicio de derechos a que por el contrario, esté actuando en
función de los intereses del gran capital y de las multinacionales en contra de
sus propios ciudadanos nacionales. De nada sirven acciones de paz con actores
insurrectos si se radicaliza la represión y persecución contra la justa
reclamación ciudadana.
Cuando el ejercicio de
derechos se obstruye de esta manera, el Estado solamente está dejando como
alternativa para expresar la diferencia la insurrección y la violencia y es lo
que debemos superar en la presente etapa. No se puede olvidar que las
guerrillas que se busca desmovilizar en la presente etapa, surgieron como
producto de un estado represivo y monopolizador que fue el Frente Nacional en 1958 que se repartió el
poder entre liberales y conservadores negando otras forma de expresión
política.
Sea este un llamado a los
poderes del Estado para que como el escorpión, en nombre de la legalidad no se
estén clavando su propio aguijón a no ser que subrepticiamente sea enemigos de la paz con justicia social.
9. Participación
política de las organizaciones comunales.
Por Artículo 107 de la
Constitución Política de Colombia, las organizaciones sociales como la nuestra
podemos participar en política en inscribir candidatos; en el mismo sentido el
literal j) del Artículo 20 de la Ley 743 o Ley Comunal dice que. “Los organismos de acción comunal podrán
participar en los procesos de elecciones populares, comunitarias y ciudadanas”.
Es decir que si la decisión es de la organización a partir de su asamblea
se puede participar utilizando sus símbolos y bienes. Lo que no se puede
hacer(Art. 26 de la norma) es utilizar a la organización arbitrariamente o sin
su aprobación.
En consecuencia estamos
reclamando, en el proceso de reparación como sujetos de reparación en medio del
conflicto, que se nos reintegre la personería política comunal obtenida en el
año 1997. Aún no tenemos claridad desde el Gobierno y el Consejo Electoral, sin
embargo también estamos pendientes de que pase la reforma política en el
Congreso en que se puede crear y supervivir con setenta mil o más afiliados, lo
que sería posible para los comunales.
De pasar esta ley en
Noviembre, hacia el mes de Abril del próximo año entraría en vigencia después
del control de constitucionalidad, momento a partir del cual avanzaríamos en el
proceso.
También invitamos a los
organismos comunales que están dentro de las diez y seis circunscripciones
especiales de los acuerdos para que sin
espera avancen en la definición de sus candidatos y organicen las campañas
en torno a los planes de desarrollo descritos. En esta ocasión podrían inscribir candidatos
con sus propias organizaciones.
No obstante lo anterior, con
o sin esta personería, lo más importante de nuestra actuación política es lo ya
dicho a partir de los “Planes de Desarrollo Estratégicos Comunitarios a Mediano
y Largo Plazo”, por lo que tarea que debemos intensificar ya es avanzar en la
construcción de los planes comunitarios veredales y barriales que conduzcan a
los municipales como candidatos a inscribir en las próximas elecciones
territoriales. Cincuenta o más planes inscritos y triunfadores sería el gran
acontecimiento político del momento y que bueno que sea desde nuestras
organizaciones.
Otras actividades como las
consultas populares de iniciativa ciudadana o los cabildos abiertos son figuras
de acción política que debemos seguir alimentando.
10 Sector productivo, paz y desarrollo
El Estado Colombiano sigue
dando prioridad a la economía extractivito
que si bien genera ingresos importantes al presupuesto nacional, no así
ingresos ni empleo a la población. Esta dependencia de ingresos volátiles como
son los de la minero-energía que dependen de la especulación financiera
internacional están generando grave inestabilidad al presupuesto nacional y en
especial a la inversión social. Por su parte ha dejado a la deriva a la industria y a la producción
nacional, la que si genera empleo e ingresos estables al presupuesto nacional,
a cambio de dar vía libre a la circulación de producción extranjera que ingresa
sin control al País y en alto porcentaje
con lavado de dólares, lo que ha llevado a la agudización de la crisis en el
sector productivo nacional. Es igualmente grave que el Gobierno sea generoso en
eliminar aranceles e impuestos al ingreso de producción extranjera mientras que
grava a la producción nacional, por lo que acompañamos las justas reclamaciones
del sector industrial y productivo nacional.
Durante el presente período
pareciera registrarse un aumento en la producción agropecuaria nacional, sin
embargo sin beneficios importantes para los campesinos productores ni para los
trabajadores del campo.
Popayán Octubre 5/017
GCM
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