miércoles, 8 de noviembre de 2017

¿POR QUÉ ASESINAN A LOS DIRIGENTES COMUNALES?

PROCESO DE PAZ Y ASESINATO DE DIRIGENTES SOCIALES Y COMUNALES EN COLOMBIA

Documento publicado en la Revista Sur. En Septiembre 2017.

El proceso de paz

No puede existir duda sobre el papel protagónico de nuestras diversas organizaciones sociales y en especial comunales en los territorios del conflicto en que son las más fuertes y numerosos, como que allí se ganó ampliamente el plebiscito colombiano por la paz y son punto de apoyo imprescindible en la implementación, realidad que tanto los insurrectos en desmovilización como el Estado reconocen regularmente.

Sin tregua sigue la masacre

No obstante, lo anterior, sin tregua sigue la masacre en Colombia contra dirigentes sociales y comunales; en lo que va del año 2016 son cerca de 70, de este total de asesinatos en el año 2016, más de 42 son dignatarios de las juntas de acción comunal, algunos de ellos militantes de la izquierda, pero en su mayoría sin partido o cercanos a otros partidos políticos tradicionales en el Poder o empresas electorales que es como en realidad se comportan los mal llamados partidos en nuestro País. El caso más reciente conocido es el de JORGE RAMIREZ GUZMAN  de 43 años   de la junta de acción comunal  del corregimiento Piñalito de San Jorge-Pueblo Nuevo-Córdoba, el  17 de Noviembre del año 2016, cuando se dirigía en paraje rural a revisar el acueducto comunal.

Las cifras

Según informe de la entidad inglesa Justice For Colombia, informe que contó en su elaboración con el apoyo de entidades reconocidas en Colombia como CINEP, Escuela Nacional Sindical y nuestras organizaciones comunales, durante el período 2011, 2015, es decir durante el primer período del Presidente “Nobel de la Paz”, en Colombia hubo 534 asesinatos de dirigentes sociales y de derechos humanos, de ellos 258 de organizaciones comunales, más de la mitad del total. Las otras cifras son: sindicalistas 133, indígenas 80, activista de tierras y campesinos 32, ambientalistas 10, activista de paz 5, activista de víctimas 3, Lgbt 2, activista de derechos 1, en la protesta 7.
Generalmente los dirigentes campesinos y reclamantes de tierras también son comunales pues las juntas son la organización de base en el territorio de las que en alto porcentaje se alimentan las aquellas.

Se debe poner de presente que indígenas, que son 3.5% del total de población colombiana, son el sector social que, proporcionalmente más sufre el impacto de los asesinatos, no obstante que en términos absolutos sea el comunal.

Generalmente las organizaciones de derechos humanos, sindicales, periodistas y de izquierda, en su larga trayectoria de confrontación contra el Estado, han construido buena capacidad logística y de medios para denunciar sus casos y actuar ante la justicia, pero no es el caso de las organizaciones de base comunal por lo que la mayoría pasan inadvertidos ante los medios y general ante el Estado y la Comunidad Internacional.
Indiferencia del Estado.
Tan grave como los asesinatos, es la indiferencia del Estado pues la misma Fiscalía General de la Nación admite impunidad en más del 90% y para el caso comunal, no obstante que reiteradamente hemos exigido al Gobierno un programa especial de apoyo psicológico y económico a las familias de las víctimas, no se ha implementado y la Fiscalía tampoco pone en funcionamiento una unidad especial, so pretexto de que no tienen recursos, pero el Estado si ha gastado  a partir del año 2010,  más de treinta billones de pesos en las grandes vías en función del gran capital de habilitar el País al gran mercado transnacional versus los mercados locales y regionales internos.


¿Porque asesinan a los dirigentes comunales?

Algunos de estos dirigentes asesinados han tenido militancias de izquierda y podría decirse que es una causa en el marco de la persecución selectiva de la ultraderecha, pero el mayor porcentaje, superior al 90%,  no tienen militancias políticas o en las elecciones se acercan a las empresas electorales del establecimiento,  entonces por qué los asesinan si no son  de izquierda?. Después de mucho sufrir y estudiar  la situación, nuestra hipótesis central es que los amenazan, persiguen y asesinan por ejercer derechos y cumplir sus funciones comunales, ya como veedores sobre los recursos públicos;  por no someterse a los politiqueros de oficio; ya por oponerse o denunciar al narcotráfico o a bandas de delincuentes;  por oponerse a la minero-energía  y tal vez algunos en bajo porcentaje por disputas barriales o veredales de poder.

En general en parte importante detrás de estos asesinatos están los poderes locales que han hecho del patrimonio público  botines de enriquecimiento ilícito, quienes  ven en la dignidad y entereza de  muchos dirigentes comunales, una amenaza contra sus corruptos  privilegios que por años han ostentado, quienes acuden a bandas de sicarios y regularmente de las mal llamadas bacrin o autodefensas, que regularmente hacen parte de estas estructuras ilícitas de poder local,  para ejecutar los asesinatos.

Es decir que estos poderes políticos locales convertidos en verdaderas mafias de la corrupción son un muy grave obstáculo a la implementación de un verdadero proceso de paz sostenible y duradera en los territorios.


Que hacer

En primer lugar como hemos dicho, que la Fiscalía tengan una unidad muy fuerte y bien financiada para que aboque y resuelva todos los casos; en segundo lugar apoyo del Estado a las familias víctimas; en tercer lugar campañas permanentes de visibilización  y fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales en los territorios y en cuarto lugar  políticas, programas y proyectos pedagógicos de mediano y largo plazo de fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para que conozcan,  ejerzan y se apropien de sus derechos como práctica cotidiana y  colectiva; como práctica cotidiana y colectiva pues en parte importante los dirigentes más expuestos son los que asumen individualmente la defensa de los legítimos derechos de la población.

Este apoyo pedagógico a las organizaciones en los territorios debe provenir por largo período, más de cinco años del Estado Central y de la Comunidad Internacional, pues en medio del atraso medieval que persiste en alto porcentaje en los poderes locales, formar a la ciudadanía en sus derechos es atentar contra sus privilegios. Es, si se quiere el más grave reto en la eventual implementación de los acuerdos en para su implementación sostenible y definitiva hacia una verdadera democracia social, económica y política.



Casos durante los últimos 40 días del año 2017

Para su información le recuerdo algunos de los casos de asesinatos contra dirigentes comunales durante los últimos cuarenta días:

Ø 18 de octubre en Puerto Guzmán José María Eliecer Carvajal,   fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Caño avena.
Ø 5 de Octubre Jorge Luis García Barrios Presidente barrio Tres de Junio de Cartagena.
Ø 4 de Octubre, Jimmy Madero, vicepresidente Junta de Acción Comunal Puerto Guaviare, Guaviare.
Ø Jimmy Medina, Presidente (E) de junta Vereda Puerto Nuevo San José del Guaviare.
Ø Viernes 29 de Septiembre, ex presidente Vereda El cerrito en el Tambo-Cauca
Ø Presidente Vereda Cerrito Uribe, Distrito la Gallera y su cuñado en el Tambo-Cauca
Ø Javier Sevilla, Junta de Acción Comunal Vereda M-24, Ti
Ø Tibú, Norte de Santander.

Otros casos durante el presente año 2017, información parcial que también recogen la Defensoría del Pueblo y el Programa Somos Defensores.

v Heberto Julio Gómez Mora Febrero 16, Junta de Acción Comunal de la Vereda San José de Mane, Cáceres-Antioquia.
v Falver Cerón Gómez, 18 de Febrero Junta de Acción Comunal Vereda de Esmeraldas, Mercaderes Cauca.
v Fabio Antonio Rivera Arroyabe, Marzo 2, Junta de Acción Comunal del barrio Rosalpi. Bello Antioquia.
v Albenio Isaías Roseo, Marzo 27, Junta de Acción Comunal vereda el Afiliador, Valle del Guamúez Putumayo.
v Jairo Arturo Muñoz Marzo 31 Corinto Cauca.
v Oliver Buitrago, Abril 2, Junta de Acción Comunal vereda Buenos Aires Mesetas Meta.
v Camilo Pinzón, Abril 5, Junta de Acción Comunal vereda Fundo Nuevo, San Martín Meta.
v Luis Gerardo Ochoa Sánchez, Abril, Pitlito Huila.
v Rubiela Sánchez abril 18, comunidad de la vereda Cruces San Vicente Ferrer Antioquia.
v  Severino Grueso Caicedo, Abril 22, Junta de Acción Comunal del barrio El Prado, Cerrito Valle.
v Nelson Fabra Días, 3 de mayo, comunidad de Arboletes Los Córdobas-Córdoba.
v Jaider Jiménez Cardona, mayo 6, Junta de Acción Comunal Decepaz, Cali, Valle del Cauca
v Ricardo Córdoba Junio 7, Junta de Acción Comunal de la vereda Medio Miraflores Guaviare.
v José María Lemus Téllez 14 de Junio, Junta de Acción Comunal las Palmas, Tibú Norte de Santander.






Resumen parcial de asesinato contra comunales en el año 2016.

Bogotá noviembre 15 de 2016.



Sin tregua sigue el asesinato de dirigentes comunales en Colombia, por Guillermo A. Cardona Moreno.

No obstante los procesos de paz del Gobierno con actores armados insurgentes, sin tregua sigue en Colombia el asesinato de dirigentes comunales. Adicionalmente al informe titulados SILENCIADOS,  de Justice For Colombia, ONG Inglesa  en que da cuenta que de Total 534 asesinatos entre defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, indígenas, entre otros sectores sociales, 258, es decir más de la mitad son comunales. En promedio son tres comunales asesinados por mes, estadística que no baja ni aún durante el presente año de negociaciones con los actores armados. En realidad el mapa de los asesinatos contra comunales no coincide con el mapa del conflicto por lo que sus causas son diversas pero de lo que si estamos seguros es que es esencialmente a partir del ejercicio de derechos y de sus funciones.
Tan grave como los asesinatos es la indiferencia del Estado que ni responde los oficios, mucho menos asume con seriedad procesos de investigación y protección. Se calcula que más del 95% de los casos siguen en la impunidad frente a lo cual la Fiscalía General de la Nación tiene respuestas
La siguiente es la relación de asesinatos más recientes en especial del presente año 2016.
1.            Jorge Gómez, delegado de la JAC de Villanueva, departamento de Arauca, septiembre 27 de 2016

2.            Ahorcado y con sus manos amarradas. Así encontraron el cadáver de Javier Alexander Salazar Rolón, en la mañana de este viernes, en la vereda La Serena de Tibú.
La víctima salió de su casa, ubicada en el barrio 7 de Abril de este municipio, la noche del jueves, luego de recibir una llamada a las 7:30 p.m.
Unos habitantes de la zona hallaron el cadáver y alertaron a sus familiares.
Según se conoció, con los mismos cordones de los zapatos de la víctima los homicidas lo ahorcaron y le ataron las manos.
Al parecer, Salazar Rolón era un líder comunal de la zona.
3.            El pasado 13 de octubre fue asesinado, de tres disparos, José Alberto Villamizar Calderón, de 24 años, en esta misma vereda.
El crimen ocurrió mientras la víctima se movilizaba en la madrugada en un carro colombiano marca Renault Clío, de placas CVY-441, por la vía que del casco urbano de Tibú conduce a la vereda La Serena; en la zona fue interceptado y atacado a disparos.
Con la muerte de Salazar se completan 32 homicidios en Tibú este año. La mayoría de estos hechos se han registrado en la zona rural.
4.            Maricela Tombé de 36 años de edad, asesinada en el Corregimiento Playa Rica Corregimiento del Municipio de el Tambo en el departamento del Cauca, había ocupado los cargos de Secretaria y Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas de la que era afiliada
La mujer fue asesinada hacia las 9:30 de la noche de este domingo 28 de febrero en el casco urbano de Playa Rica. Cuando salía de un establecimiento público, un sujeto desconocido le propinó un disparo a la altura de la cabeza, lo que le ocasionó la muerte de inmediato.
5.            El lunes 19 de septiembre fue asesinado en la Vereda Granada del Municipio de el Tambo, departamento del Cauca, el Presidente de la Junta de Acción Comunal.

6.            En la noche del Miércoles 21 en la Vereda San Faustino de la Ciudad de Cúcuta fue asesinado Pablo José Herrera.

7.            En la noche del viernes 19 de agosto en el Municipio Canelete, Corregimiento Popayán fue asesinado el dirigente comunal Raúl Pérez, quien además había aspirado en las pasadas elecciones a concejal de Municipio.
6.            Los hechos en los que resultaron muertos Ismael García Gómez, de 37 años y presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda Las Delicias, y
7.            Salomón Escobar, secretario de la misma junta, se presentaron el pasado sábado hacia las 5 de la tarde en la vereda La Barrialosa, cerca de la Inspección de Guacamayas, en San Vicente del Caguán.
Los operativos, que buscaban dar de baja a Raúl González Montealegre, alias Jaimito, uno de los cabecillas de finanzas de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro, terminaron por poner entre el fuego de la guerrilla y del Ejército, a por lo menos 18 dirigentes comunales, que a esa hora se reunían con el guerrillero.
8.            El 26 de noviembre DE 2015 aproximadamente a las 4:00 p.m., en la vía que del municipio de Fortul va hasta el corregimiento de La Esmeralda en Arauquita, a la altura de la vereda Casa de Zinc, fueron asesinadas la Fiscal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Tame AMALIS FERNANDA MEZA YANGUMA y

9.            La Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Salvador del mismo municipio, LEIDY MILENA MÉNDEZ DURÁN.

10.          La Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA, expresa públicamente su rechazo y condena por el asesinato de la lideresa social del Catatumbo, Nelly Amaya Pérez, quien actualmente se desempeñaba como la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito del municipio de San Calixto (Norte de Santander).

11.          En la noche del viernes 19 de agosto en el Municipio Canalete, Corregimiento Popayán fue asesinado el dirigente comunal Raúl Pérez, quien además había aspirado en las pasadas elecciones a concejal de Municipio.
16. El 6 de agosto en Montelíbano Córdoba Luis Alfonso Leyva, presidente de la Junta de Acción Comunal del Sector Uno, del Barrio Villa Clemen.
17.          Y ayer domingo 15 de agosto en la tarde   Nohora Hernández, presidente de la JAC Cerro Norte, Comuna Seis de Cúcuta en que también fue herido su esposo.

18.          El día 14 de enero del año 2016 fue asesinado el señor presidente de la junta de acción comunal de Arenitas, del Municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare.

19.          En la noche del Miércoles 21 en la Vereda San Faustino de la Ciudad de Cúcuta fue asesinado Pablo José Herrera.

20.          Igualmente debemos registrar que en la noche del lunes 19 de septiembre fue asesinado el joven Maicol Andrés Rodríguez, hijo del Presidente de la Federación Comunal de Medellín Iván Rodríguez.

21.          viernes 11 de noviembre, cuatro sicarios asesinan al dirigente comunal José Luis Prieto Tristancho en Galapa Atlántico


GUILLERMO CARDONA RESPONDE A DIARIO EL COLOMBIANO

Bogotá noviembre 1 de 2017


Señora
Directora del periódico EL COLOMBIANO
De Medellín,
Dra. Martha Ortiz

E.                    S.                    D.

Referencia:
Derecho de réplica.

En su edición de el periódico el Colombiano de Medellín del Lunes 30 de Octubre del presente año de 2017, bajo el título “Así es la feria de contratos para las trochas del País”, firmado por María Victoria Correa, a propósito de que la ART-Agencia de Renovación del Territorio haya decidido ejecutar recursos en las zonas de posconflicto con las juntas de acción comunal aparecen afirmaciones e interrogantes como los siguientes que invitan a precisiones:


Pues bien, en el paquete de obras, que se conoció el 5 de junio en un gran evento en la Casa de Nariño y en el que Santos aseguró que las trochas se convertirían en los caminos de la paz; hay dos cosas que llaman la atención. La primera es una particular forma de contratación. La segunda, la participación de las juntas de acción comunal, a las cuales se les han adjudicado directamente 170 contratos, según información de la Agencia de Renovación del Territorio, ART. En total, el dinero entregado a las comunidades está por el orden de los 3.400 millones de pesos para que se lo gasten en mantenimiento de trochas, como la de la foto.”

“La cifra es escandalosa básicamente porque, a todas estas, ¿qué saben las juntas de acción comunal sobre mantenimiento de vías? Es incierto”

“Más aún, si se advierte que no se sabe si las comunidades están preparadas para realizar estas actividades. La misma Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, emitió una alerta advirtiendo sobre la importancia de la rigurosidad técnica y de plantear estudios y diseños.”

“Entonces, aparece otra posibilidad y es que estos recursos estén siendo manejados por las Farc. La respuesta no es un sí, pero tampoco un no. Son los tiempos del posconflicto.”

Por cuanto el texto del artículo denota gran ignorancia en el tema de las juntas de acción comunal y la forma de contratación que se está utilizando en este caso, se debe precisar el siguiente:

1.     Sobre la historia de la acción comunal en materia de obras.

Durante toda la historia de Colombia las obras de servicios, los caminos y carreteras interveredales e intermunicipales los han construido básicamente las comunidades del entorno a través de sus diferentes formas organizativas, entre ellas las Juntas de Acción Comunal.

Entre los años 1960 a 1993, las juntas de acción comunal trabajaron en estrecha armonía con los municipios y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales en la construcción de estas obras en que generalmente el Estado aportaba parte de insumos, en especial cemento varillas y ocasionalmente maquinaria para que las comunidades con su trabajo y aporte en materiales construyeran las obras para su servicio.  Cuando entonces existían los lunes de trabajo comunal, convite o minga por mes o si era necesario por semana en que cada familia aportaba uno o dos jornales para desarrollar las obras.  En las estadísticas del DANE hasta el año 1985 existían registros del importante aporte de las comunidades a sus soluciones y en general a la construcción de la infraestructura del País, se reconocía cerca del 50%.

Recordemos también que la mayoría de acueductos municipales del País originalmente fueron comunales pero en la medida se hicieron atractivos, se los apropiaron o los municipios o los particulares. Hoy por ejemplo existen en Colombia más de doce mil acueductos comunales muy perseguidos por el Estado.

Con la desaparición del Fondo Nacional de Caminos Vecinales en el año 1993 existe un fuerte deterioro de las vías verdales, pues  los recursos y esfuerzos de la Nación se orientan a las grandes vías, hoy llamadas 4G, esas sí consumiendo más de 50 billones del presupuesto nacional durante los últimos 10 años, muy distantes de los  3.400 milloncitos que horrorizan a la articulista por que se ejecutan con juntas comunales.

Al quedar los municipios y las comunidades desamparadas sin recursos nacionales para sus vías reviven las mingas y convites, ya no solo como actividad autogestionaria de las comunidades sino como política pública fundamental de las alcaldías en especial de los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta para hacer mantenimiento a estas vías.

Con esta tradición histórica en la construcción y mantenimiento de sus vías, ¿será que las comunidades populares no tienen experiencia para seguir mejorando y construyendo sus propias vías? ¿O el problema está en que el Estado por fin les apoyo con un pequeño recurso?

Lo insólito es que cuando no existen recursos públicos en la mayoría de municipios para estas obras de las comunidades se les convoca a la minga o al trabajo comunitario, allí no aparecen los contratistas ni expertos que tanto reivindica la Cámara Colombiana de la Construcción, pero cuando sí existe recursos públicos, son los “expertos” en la contratación quienes acceden a ellos, pues las comunidades no conocen los requisitos, trampas ni marullas para acceder a ellos.

2.     Sobre la forma de ejecución de los recursos

En honor a la verdad, el sistema de ejecución de recursos de la ART por la vía de convenios y convenios solidarios con las comunidades no es originario de la Presidencia de la República como afirma el artículo en comento; es iniciativa de las propias organizaciones comunales del País en cabeza de la Confederación Comunal Nacional, textos que concertamos con el Gobierno y congreso de entonces e incluimos en la reforma política municipal, luego Ley 1551/012.  Por definición del Parágrafo 3 del Artículo 6 de la Ley, los convenios y convenios solidarios son la complementación de esfuerzos de la comunidad con los aportes del Estado en la perspectiva de resolver necesidades y aspiraciones que sean función pública. Sencillamente quisimos retomar la vieja práctica de la complementación de las comunidades con el Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Y lo hicimos bajo la convicción de que las necesidades y aspiraciones de las comunidades solamente se resolverán en la medida que confluyan estos dos actores. Por el contrario, el problema de la contratación privada hoy es que no confluyen estos factores.

Y en la definición de convenios en efecto se dice que se deben ejecutar con las respectivas comunidades, por cuanto son las directamente interesadas en el servicio, lo que no hará un ejecutor externo movido especialmente por el lucro o la ganancia.

Por cuanto por Ley 1551, los convenios y los convenios solidarios del literal 16  y del Parágrafo 3 del Artículo 6 de la Ley 1551/012 solamente los pueden firmar las gobernaciones y los municipios, la figura que consideramos más viable  desde la Confederación Comunal fue la adoptada de trasladar los recursos a los municipios para que ellos los ejecutaran con sus comunidades por la vía de convenios.  Nuestro único interés es que los recursos logren la mayor eficiencia ejecutándose con sus propias comunidades.


3.     Incomodidad de contratistas particulares

Entendemos que muchos contratistas particulares, acostumbrados a hacer de los recursos públicos botín de enriquecimiento ilícito deben estar incómodos por que no se les haya dejado este recurso para su manejo, pero es que se debe avanzar hacia sus formas de ejecución eficiente y transparente e históricamente en Colombia nadie lo ha demostrado mejor que con las propias comunidades y sus organizaciones. Por el contrario, consideramos que de avanzar esta figura en esta etapa experimental y de demostrarse su bondad, es una vía expedita para esclarecer formas para superar la ineficiencia y la corrupción en Colombia.

En el mismo sentido de la Cámara Colombiana de la Construcción se han pronunciado organizaciones de profesionales como de ingenieros y arquitectos alegando que no se les debe marginar de la posibilidad de acceder a estos recursos. En realidad consideramos un despropósito que personas con mucha preparación le pretendan competir a las comunidades en la construcción de sus propias obras. Es una subvaloración de nuestros profesionales que en parte explica el bajo nivel de desarrollo del País. Sus capacidades las debieran dedicar a iniciativas de ameriten sus conocimientos.


4.     Un veneno peligroso en el texto de la columnista

La articulista también introduce la cizaña de que estos recursos puedan ser manejados por las FARC. Con esta insinuación sigue el tratamiento despreciativo de las juntas de acción comunal y de pretender ligarlas con actores armados o políticos desmovilizados. Ponemos de presente que estas organizaciones, aún en las regiones más apartadas del País cuentan con legislación especial, Ley 743/02; con una estructura interna democrática; que las decisiones sobre el tipo de obras a construir las adoptan en asamblea de afiliados y que los recursos los manejan, por normas legales, en cuenta bancaria con tres firmas, una de ellas de una mujer. Sugerir que estos recursos puedan ser manejados por las FARC o actores armados ilegales es seguir minimizando a la organización social que como pocas ha contribuido a aclimatar la convivencia en los territorios.

Recordemos que el único espacio en que se pueden encontrar pacífica y solidariamente personas de los más variados pensamientos políticos, ideológicos o religiosos  es en la asamblea comunal.

Estas sugerencias perversas contra las organizaciones   de las comunidades rayan con el Articulo 510 del Código Penal que condena toda incitación al odio o la violencia contra personas u organizaciones.
Guillermo A. Cardona Moreno
CC. 19191036
Cel. 3153387554
Dignatario Confederación Comunal Nacional
Consejero Nacional de Participación(Ley 1757/015
Por la Confederación Comunal Nacional
Integrante Mesa Nacional de Garantías para defensores de derechos Humanos, dirigentes sociales y comunales por las organizaciones sociales.